Sobrecostes intachables

Hacemos una contratación pública a la española, con sobrecostes legales que nos afean en Europa.

Jaume Matas tiene razón. La ley española de contratos del sector público permite que un proyecto presupuestado y adjudicado inicialmente en un precio acabe costando más, incluso mucho más. Lo dijo en la famosa entrevista a la IB3, televisión autonómica balear, acerca del Palma Arena. Claro que, en el caso de Matas, si el sobrecoste fue legítimo, sería un borrón de legalidad en su trayectoria, vista la dimensión de la trama en la que andaba metido. Y no echo más sal en la herida de otros porque la contemplación del presidente autonómico en semejante trance ha de ser tan deprimente que debe quedar congelada la mano votadora por lustros. A lo mío.

Los asturianos tenemos dos sobrecostes curiosinos: El Musel y el Hospital Central de Asturias. En el caso del puerto gijonés, la fiscalía ha dicho que no ve indicio de delito, que esos 216 millones de euros de más -un 43 por ciento de lo inicial- están justificados por la dificultad técnica del proyecto y convenientemente explicados ante las autoridades responsables. Eso sí, la Autoridad Portuaria se ha endeudado hasta la peineta para poder pagar el desfase.

En el caso del Hospital, aún no conocemos la cifra definitiva del sobrecoste. Hubo uno inicial de 54 millones sobre los 205 de partida, pero está por determinar el segundo. Tampoco aquí se ha detectado intención de sisar. Es decir, son sobrecostes por el libro, intachables en su ejecución, desfases «comme il faut» que diría Sarkozy gesticulando sobre sus alzas con la cada vez más lánguida Bruni a su vera.

Pues precisamente por eso la Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal Europeo de Justicia, porque hemos convertido en legal una forma de hacer que chirría y que pone en peligro las salvaguardas necesarias contra la corrupción. A saber: sacamos a concurso obras mastodónticas, atornillamos a las empresas en las condiciones económicas, luego modificamos los contratos aflojando la saca y dejamos a las demás empresas mirando para Valladolid. Los constructores también se han quejado; dicen que se sienten indefensos. Es que al final hemos creado tendencia, hemos innovado en nuestra mismidad contratadora: «¿Piden llave en mano? Sí, pero a la española. Ah, acabáramos».

El trasfondo del asunto es más simple. Esto lo pagamos todos, con ese dinero público que ya escasea pero que tanto necesitamos para subsidiar a las familias que se derrumban, dar trabajo con obra pública, hacer políticas que muevan la economía. Con ése. Así que yo no me pregunto si mis próceres me han sisado -creo y quiero creer que no-, les exijo que sean gestores eficientes, como si el dinero que es de todos fuera suyo.